Política

Embajadas asediadas en Venezuela: coerción institucional por la defensa de valores democráticos

Tatiana Tumino

• 4 min read
Embajadas asediadas en Venezuela: coerción institucional por la defensa de valores democráticos

El pasado 28 de julio se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, las cuales desataron una serie de eventos que se podrían calificar como coerción institucional sobre el sistema democrático.

Dichas elecciones dieron como ganador sobre la presidencia a Nicolas Maduro, el cual transita su tercer periodo como presidente del país. Estos resultados fueron controversiales debido a que la oposición denunció fraude, y una serie de países pusieron en duda la transparencia y legitimidad del proceso, controlado en todo momento por el gobierno oficialista.

Los Ejecutivos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, ante las dudas sobre el proceso y la no presentación de los resultados oficiales de las elecciones (que debían ser provistos por las instituciones de dicho país), solicitaron la revisión completa de los resultados electorales y la presentación de las actas oficiales con el fin de salvaguardar la voluntad popular y el sistema democrático.

El gobierno de Chile, mediante un comunicado oficial, expresó que, espera que se “respete la voluntad soberana del pueblo para decidir su destino” y la exigencia de “total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados", ya que el veredicto dado por ellos es “difícil de creer". Chile no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable".

Argentina, ante lo sucedido, no dudó en acusar de “fraude electoral”, al igual que Costa Rica. Panamá, directamente anunció la retirada del personal diplomático:[1]  “regímenes que no respeten los derechos humanos y violen libertades no merecen reconocimiento diplomático”.

La reacción del gobierno venezolano ante estas declaraciones y exigencias fue el retiro de “todo el personal diplomático de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, al tiempo de exigir a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano”. Esto fue comunicado por el canciller venezolano, Yvan Gil, quien además en sus redes sociales agregó: “Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima”. Además agregó que el régimen de Maduro, “se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación”, al mismo tiempo que dijo que el chavismo “enfrentará todas las acciones que atenten contra el clima de paz y convivencia que tantos esfuerzos han demandado del pueblo venezolano”.

Los diplomáticos fueron altamente perseguidos por el régimen de Maduro. Los representantes de los respectivos países no contaban con medios seguros para volver a sus naciones. Los asediaron y hostigaron al exigir el cumplimiento de los principios fundamentales de un sistema democrático. Fueron víctimas de una institucionalización autoritaria, y enemiga de los valores democráticos.

Las instituciones desempeñan un papel fundamental en la democracia, protegiendo el sistema, sus mecanismos y a la población. Sin embargo, cuando son utilizadas de manera arbitraria por un gobierno, este las puede convertir en instrumentos coercitivos. En Venezuela, el gobierno oficialista ha utilizado las instituciones para silenciar a los países que critican o exigen transparencia, cortando relaciones diplomáticas y reprimiendo violentamente a la población civil que reclama sus derechos en las calles, poniendo en riesgo la voluntad popular y la seguridad de los ciudadanos.

El pasado 22 de agosto el Tribunal Supremo de Justicia venezolano validó el resultado electoral dado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se reconoce la victoria y reelección de Nicolas Maduro

Los gobiernos de los países que fueron atacados emitieron conjuntamente un comunicado: “rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que el día de ayer indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral".

el Tribunal Supremo de Justicia certificó el resultado de las elecciones

La coerción ejercida por el gobierno encabezado por Nicolás Maduro, a través de las instituciones del Estado, ha sido el protagonista de la erosión democratica venezolana. Este impacto se refleja en las relaciones diplomáticas con diversos países, y ha sido justificado y avalado por acciones recientes del Tribunal Supremo de Justicia. Estas acciones han socavado los principios de elecciones limpias y transparentes, negando la voluntad general de la población venezolana y dañando profundamente los principios democráticos.


Fuentes

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